Otro rasgo característico del modelo penal venezolano es la casi inexistencia de las denominadas medidas de seguridad, cuyo substrato teórico se deriva del derecho penal peligrosista o derecho penal de autor. En Venezuela se introducen las medidas de seguridad con ocasión a la promulgación de la Ley de Vagos y Maleantes en el año 1956, vigente hasta 1999, y no existe un sistema de medidas de seguridad paralelo a las penas propiamente dichas en el Código Penal, que las complemente o sustituya en ocasión a la responsabilidad penal.

Es en este sentido que, únicamente puede observarse en el ordenamiento positivo venezolano formas aisladas en las que se prevén medidas de seguridad tales como el caso de la reclusión en establecimiento especial del enfermo mental inimputable o del ebrio habitual (que hayan cometido delitos) previstos en el Código Penal; y las medidas de seguridad establecidas en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de (1993), previstas como consecuencia de la consideración de consumidor de drogas no como delincuente sino como enfermo que amerita tratamiento.

Lo cual deja en un estado de indefensión a la inmensa población carcelaria frente a la pandemia del Sars COV 2 o COVID-19, quienes no encuentran en la ley una garantía o medida de seguridad que haga frente a los contagios que en tal caso pudieran producirse en los diferentes recintos carcelarios, propagándose entre los familiares de los reclusos quienes son la principal fuente de exportación, pero revisemos a continuación estructuralmente que establece la Ley penal:

Código Penal

El Código Penal establece los parámetros sustantivos de la punición tanto generales como especiales (Si bien en Venezuela existen una serie de leyes penales especiales, es en el referido texto legal donde se encuentran los principios generales que rigen en materia punitiva). Así, los tipos de pena están previstos dentro de un esquema taxativo en el que se clasifican las penas como corporales y no corporales, de acuerdo a lo previsto en los artículos 9 y 9 del citado texto legal en los que se incluyen una gama de sanciones que van desde el presidio hasta el confinamiento, y, de la multa hasta el apercibimiento.

Así, los criterios que informan la determinación de las penas en el Código Penal venezolano, se fundamentan en una concepción clásica del delito; por lo que se otorga preeminencia a la sistemática culpabilista, es decir , la imposición de la pena se basa en la proporcionalidad, en consideración de la gravedad del delito y de la responsabilidad según el grado de culpabilidad del autor, para lo que se establece, en la parte general del referido texto legal (libro Primero, Título V), un régimen de atenuantes y agravantes del hecho punible intencional o doloso, además de la consideración de la responsabilidad penal bajo las figuras preterintencionales y culposas.

El Código Penal atendiendo al principio de humanidad de las penas, prevé también un sistema de conversión y conmutación de penas (Libro Primero, Título IV) y limitantes para su aplicación (Libro Primero, Título III), basado en ciertas condiciones del individuo condenado, tales como la edad (se establece un máximo de condena a pena corporal de cuatro años para quienes alcancen los 70 años), las condiciones económicas (conversión de multa en prisión o arresto con posibilidad de reversión), enfermedad física o mental, la condición de embarazo de la mujer condenada y la buena conducta del condenado durante el cumplimiento de pena.

Si bien lo determinado en el Código Penal acerca de la aplicación, conversión y conmutación de la pena no responde al criterio de minimización de la pena privativa de libertad a su exacerbación, supone, dentro de su tipología de las penas, una disminución del rigor de las mismas, atendiendo, en forma más o menos coherente, al principio de determinación legal.

No obstante, la ley sustantiva venezolana incluye criterios de carácter peligrosista en la consideración de la inflexión penal, tales como, la reincidencia o el carácter “pedenciero” del autor que constituyen lineamientos de agravamiento de la pena o imposibilidad de acceder a los beneficios del cumplimiento de pena o las alternativas a la cárcel, situación que se agrava en la cuarentena general decretada por el Gobierno nacional para hacerle frente a la crisis sanitaria.

Suspensión condicional de la ejecución de la pena

Lo que se ha denominado Beneficio de Suspensión condicional de la ejecución de la pena fue introducido en Venezuela como una medida sustitutiva a la privación de Libertad mediante la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena en 1979, según la cual el régimen de prueba podía solicitarse para delitos cuya pena máxima no excediera de 8 años siempre y cuando el condenado fuera delincuente primario. Posteriores reformas a la ley incorporaron restricciones en relación al tipo de delito (Delitos de salvaguarda del patrimonio público que  excedieran de dos años en la condena , delitos previstos en la Ley orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas considerados graves y delitos de violación, hurtos calificados y agravados y secuestro), limitando el otorgamiento de la medida, ampliando las condiciones sobre la pena y estableciendo el límite no en el término máximo previsto en la ley para el acto delictivo sino con base en la condena (un máximo de 8 años).

Con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en 1998 la política de libertad del imputado durante la duración de proceso y el otorgamiento de beneficio se hacen más dilatados. Así, durante la primera etapa de aplicación (1999 – 2000) se realizó el otorgamiento de un importante número de beneficios, que produjo el descongestionamiento de los centros de reclusión. Esta política, al mismo tiempo, incidió notablemente en la agilización de los procesos penales, que indicó una racionalización de la administración de justicia, puesto que, por una parte, se comenzó a implementar una verdadera política judicial de sustitución de la pena privativa de libertad y alternativa al cumplimiento de penas, y por otra parte, se dio significativamente satisfacción al principio de celeridad procesal.

Sin embargo, en la última reforma del COPP, 2012, se modifica sustancialmente el Sistema de Régimen de Prueba derogando la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, ampliando los requerimientos para decretar la detención preventiva, restringiendo los criterios para la aplicación del régimen de tratamiento progresivo, (sólo para reclusos sin condenas penales anteriores), y extendiendo el tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad, para la solicitud de la redención de la pena por el trabajo y el estudio (Cumplimiento de la mitad de la condena) (Art.  493, 501 COPP).

Es así como las limitaciones sobrevenidas a la creación del COPP, establecidas para la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, vulnera el principio de igualdad formal al considerar el otorgamiento de beneficios para aquellos imputados por delitos que alcancen una condena de 5 años, pero cuyo acto está contenido dentro de cierta categoría de delitos (Homicidio Intencional, Violación, Actos Lascivos Violentos, Secuestro, Desaparición Forzada de Personas, Robo en todas sus modalidades, Hurto Calificado y Agravado, Narcotráfico y Hechos Punibles contra el Patrimonio Público, castigados con penas de más de tres años).

Por todo lo anterior, decimos que el Legislador ha agregado criterios de Ley de peligrosidad Social, al seleccionar arbitrariamente una serie de hechos típicos, que si bien suponen un grave daño social, no atienden a un criterio de igualdad jurídica, en tanto las penas previstas para este tipo de delitos llegan a estar dentro del límite previsto para el otorgamiento del beneficio.

Dichas contradicciones entre el espíritu de la reforma procesal que vislumbraba más derechos y menos coercitividad, se ve arrasada por un sin número de atavismos legislativo desperdigados por toda la norma sustantiva y procesal penal, creando una especie de indefensión en el retardo procesal que hoy vemos como crece en las distintas dependencias jurisdiccionales del país, y que ante la pandemia se hace un tema de salud pública, cuando el mundo ya ha superado los 7 millones de contagios y los 403 mil decesos por coronavirus. América Latina se concentra como el foco de la pandemia. Ante esto, la celeridad procesal debe dar cabida al otorgamiento de beneficios sin dilaciones indebidas en los casos que se requieran según lo descrito en este artículo y de conformidad con los parámetros legales.

Jorge Fernández | Abogado Criminólogo | Tesista en Sistema Penal por la Universidad Central de Chile (UCEN)

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